Si bien, la citada propuesta legislativa adolece de una serie de inconvenientes, presentando un grave perjuicio contra el negocio de la comercialización independiente en libre mercado de electricidad. Estos son: 

• Endurece todavía más los requerimientos económicos para ser comercializador, con la posible aparición de una nueva garantía para con los distribuidores, con un cálculo y límites arbitrarios, en aquellos casos donde el consumidor contrate el acceso a la red a través del comercializador, sin que sea ni el momento para ello, ni la forma. 

• Impediría a los comercializadores actualizar sus ofertas libremente, ya que obliga a avisar con 10 días de antelación a la CNMC. 

• Se establecen unos nuevos contratos de acceso a la red flexibles, pero que (de forma injustificada) no pueden ser contratados a través de un comercializador. 

• Se permite que un consumidor contrate, simultáneamente, con más de un comercializador, o hacerse consumidor directo para una parte de su energía siendo comercializado por el resto y tener, además, un agregador. Todas estas combinaciones requieren de un amplio y concreto desarrollo normativo para prever y evaluar sus bondades y defectos, algo que no se realiza. 

• En cuanto a la figura del agregador, surgen muchas dudas en relación con el modelo de agregación transitorio, lo que podría provocar circunstancias indeseables e injustas para con los consumidores, los comercializadores y el sistema eléctrico. 

• Se premia a los consumidores morosos, en detrimento de aquellos que cumplen con sus obligaciones económicas, con la obligación de que el comercializador en libre mercado, para cualquier consumidor que no sea doméstico, tenga que dar un preaviso de al menos un mes antes de solicitar la suspensión por impago al gestor de red, o que tenga que avisarle en el proceso de suspensión (sin ser un consumidor vulnerable) que tiene derecho a ser suministrado por un Comercializador de Referencia. 

• Y muchos otros aspectos que se podrían abordar en este nuevo Reglamento pero que son obviados, como el establecimiento de un régimen sancionador concreto en relación con la dejadez de funciones de ciertos gestores de red para con los procesos de cambio de comercializador, lectura y facturación de peajes.

• El reparto adecuado de funciones y obligaciones en relación con problemas relacionados con retrasos de lectura, fraudes en los equipos de medida y enganches directos tras cortes de suministro por impago. 

• Incorporar más información al SIPS, como las medidas de excedentes de autoconsumo o información que identifique al titular y los datos de consumo horario, siempre que se trate de empresas.  

El grueso de los anteriores aspectos, aunque aplican al sector de la comercialización al completo, causan un perjuicio superior a las comercializadoras independientes, tanto por suponer una mayor carga administrativa, como un peso relativo muy superior de las garantías y tesorería exigidas para desarrollar la actividad frente a las eléctricas tradicionales. 

Desde  ACENEL, como asociación de comercializadores independientes de energía eléctrica en mercado libre, velamos por el  prestigio de la actividad y defendemos los derechos e intereses de nuestros cerca de 40 asociados.